Un sector de la madera y su formación: ¿muerte natural o asesinato?

El sector de la madera y el mueble en la provincia de Córdoba adolece actualmente de puestos de trabajo y condiciones similares a las que hace unos años lo consagraron como uno de los más importantes en este ámbito geográfico y en otras zonas de la comunidad autónoma andaluza. Afortunadamente, en los últimos meses prolifera la creación de nuevas empresas y aumenta la demanda de personal cualificado en esta materia. ¿Hay posibilidades de relanzar al sector? Una baza fundamental para este cometido son los profesionales especializados, pero ¿se puede cubrir esta demanda?

Igualmente, la Formación Profesional para el Empleo, se ha visto involucrada en los últimos tiempos en escándalos que han paralizado su desempeño, a pesar de encontrarnos en la Comunidad Autónoma con más desempleo juvenil y que, por ende, mayor inversión y desarrollo de iniciativas para especialización de profesionales necesitaría.

Las catástrofes vienen sin culpables, al menos las sobrenaturales, pero, si se habla de situaciones como las que han sufrido los trabajadores/as de los Consorcios Escuela de la Junta de Andalucía, y los agentes sociales que se benefician de la labor de este centro, ¿existen culpables? Porque lo que sí es seguro es que vivir durante tres años en una situación de desamparo por parte de la Junta de Andalucía, entidad de la que dependen, confiando en falsas expectativas y promesas que nunca se cumplen, con la pérdida de tiempo que esto ocasiona para el alumnado que espera terminar su formación en estos centros, o la falta de oportunidades para potenciar un sector cuyas empresas siguen demandando la ayuda de estos Centros para el desempeño de iniciativas prometedoras; a esto, sí se le puede llamar “catástrofe”, eso sí, con culpables.

El resumen de esta situación catastrófica que mantiene inmerso al personal los Consorcios en toda Andalucía, se inició con un proceso de traspaso de Consejerías, se prolongó con cambios en las metodologías y formación impartidas para adaptarse a las certificaciones europeas, y empezó a deteriorarse por la incompetencia de la Junta de Andalucía que manchó la imagen de los centros formativos consolidados durante 20 años de trabajo, mientras mareaba a su personal emplazándolos a cambios que hasta estando respaldados por Decretos no se han cumplido. Es más, se ha prolongado sine die un drama en el que más de un centenar de trabajadores/as ven pasar los meses sin percibir sus salarios, en condiciones laborales que sorprenderían a cualquier inspección de trabajo, esperanzados en que las promesas y plazos se respeten… pero eso se ha perdido, no hay respeto de la entidad autonómica para con sus empleados, ni humanidad, no hay justificación para esta sinrazón.

¿Se trata entonces de una muerte natural de un sector profesional o de una familia formativa que no tiene aceptación en el mercado, o más bien de un asesinato con culpables conocidos y víctimas de una agonía impotentes?

La Administración parece estar exenta de responsabilidades por incumplimiento, ya no de condiciones laborales de sus empleados y, ni siquiera, de sus promesas públicas de solución inminente, sino de la publicación de Decretos aprobados por unanimidad en el Parlamento Andaluz. ¿No existe pena para esta infracción administrativa o no existe para tal infractor?

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